Tras la intervención de la defensora pública Abg. Jéssica Garcete, un docente de la ciudad de Concepción —víctima de la denominada “mafia de los pagarés”— fue beneficiado con la devolución de Gs. 14.169.100. El educador reconoció la gestión y acompañamiento de la defensora, quien intervino para lograr la devolución de más sumas de dinero en otros juicios. Según la víctima, le despojaron ilegalmente de unos G. 200.000.000.  

El docente manifestó que la abogada del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) Jéssica Garcete, está haciendo “todo el esfuerzo para librarme de estos estafadores”. Aseguró estar muy satisfecho con lo que está haciendo su abogada, aunque reconoció que quedan muchas cosas pendientes. 

“Hace 1 año 6 meses que estoy viniendo desde la ciudad de Concepción, y esa es mi preocupación. Ahora puedo decir que aprendí la lección, que no hay que firmar un pagaré a cualquiera porque la firma condena”, fue la reflexión del docente.

Reveló que nunca le notificaron del inicio de las demandas, “pero hacían figurar que sí me notificaron. En total me descontaron unos G. 200.000.000. Los pagarés fueron adulterados porque yo solo firmé unos 10 pagarés en el 2016 pero en estos años se presentaron 21 pagarés”, señaló el docente Vera Medina

Antecedentes del despojo

La devolución de los más de G. 14 millones es en el expediente caratulado “Breslavia S.A. c/ Reino Salvador Vera Medina s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, Año 2022, radicado en el Juzgado de Paz de San Roque de la Capital.

La defensora pública Jéssica Garcete, al analizar el expediente, constató serias irregularidades especialmente en la notificación del inicio de la demanda, por lo que planteó ante el Juzgado un incidente de nulidad de actuaciones por vulnerar el debido proceso. 

Además, este juicio fue llevado adelante sin haber sido registrado dentro del sistema informático de la Corte Suprema de Justicia, dando curso a la iniciación del mismo vulnerándose los principios y fundamentos del debido proceso. 

La jueza María Esther Salinas, del Juzgado de Paz de San Roque, al corroborar que la notificación no se había realizado al demandado, resolvió por Auto Interlocutorio (A.I.) Nº 871 del 6 de julio de 2026 declarar de oficio la nulidad de todas las actuaciones posteriores al 18 de julio de 2022, levantó las medidas cautelares decretadas y ordenó a la parte actora la devolución de fondos extraídos en el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de la Ley 4711/2012 sobre Desacato a una orden judicial.

Ante la orden de devolución del monto, la defensora solicitó la extracción y la emisión de la orden de pago a favor del señor Reino Salvador Vera Medina que efectivamente se verificó el lunes 21 de septiembre de 2026, garantizando el debido proceso dentro del juicio.

Docente enfrentó varios juicios

El docente Reino Salvador Vera Medina, explicó que su calvario se inició con una empresa de la que fue cliente desde el año 1992 hasta el 2016. “El vendedor de electrodomésticos me ofreció dinero en préstamo en vez de sus productos. Acepté el préstamo, pero el vendedor puso que eran electrodomésticos lo que yo recibía”.

El dinero se le entregó en tres etapas. Primero le dieron G. 800.000, luego G. 700.000 y por último G. 500.000. En total el préstamo fue de G. 2.000.000, pero Vera Medina cree que ese monto total lo convirtieron en G. 22.000.000. Desde el 2016 hasta hace poco ya no cobraba nada de su salario, aseguró. 

Luego, otra empresa diferente a la que le entregó el préstamo le demandó por el pagaré de G. 800.000 y le cobró casi G. 8 millones en un juicio abierto en el Juzgado de Paz de La Encarnación, que fue ejecutado por una abogada de apellido Martínez en representación de la firma “Marithé”, según indicó. 

El docente asimismo relató que la firma “Plan Urbano” también le demandó en el 2016 por cobro de guaraníes por G. 6.900.000, por medio de una abogada que tiene apellido de origen coreano que no supo precisar.

Luego otra empresa denominada “Dinámica”, en el 2018, de igual manera,le demandó por G. 6.950.000.

Otra vez en el Juzgado de Paz de La Encarnación le volvieron a embargar por G. 6.950.000. Ya eran tres ejecuciones de cobro de guaraníes por un mismo pagaré, señaló.

Defensora Pública de Asunción, Jessica Maria Garcete Amarilla.

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