El Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo iniciaron acciones conjuntas, para atender a las víctimas de la estafa masiva por la emisión irregular de pagarés. Ambas instituciones empezaron a trabajar en la conformación de grupos de trabajo y la estrategia jurídica a ser implementada. En este punto, es muy importante resaltar que se ha tropezado con inconvenientes al no encontrar algunos expedientes físicos en los juzgados de paz, lo que dificulta plantear una acción de forma inmediata.

En ese sentido, la primera tarea del equipo de trabajo interinstitucional liderado por el titular del Ministerio de la Defensa Pública Dr. Javier Dejesús Esquivel, y el Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, es individualizar a las personas afectadas, solicitando a los ministerios de Salud y de Educación, donde hay más afectados, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, que nos provean una lista de los funcionarios públicos dependientes de la institución, cuyos salarios se hallen gravados por embargos trabados en el marco de juicios ejecutivos promovidos en su contra en cualquiera de los Juzgados de todas las jurisdicciones y demás competencias a nivel territorial cuyo modus operandi sea análogo a lo denunciado, con las siguientes especificaciones:

• Nombre completo y número de cédula del/la funcionario/a.
• Remuneración total del/la funcionaria/o.
• Cuenta bancaria a través de la cual el/la funcionaria/o percibe su remuneración.
• Juzgado que ordenó cada embargo.
• Datos del expediente judicial en que se dispuso el embargo.
• Datos de los oficios que dispusieron cada embargo y, si se pudiere, copia de cada oficio.
• Porcentaje del salario embargado a cada funcionario y la suma de dinero en guaraníes a la que el mismo equivale.
• Monto total descontado a cada funcionario hasta la fecha.
• Cuenta judicial abierta en la cual se depositan las sumas de dinero embargadas.

Cabe aclarar que las siguientes acciones a tomar se harán de acuerdo a las personas afectadas que se acercan a solicitar que se le represente, teniendo en cuenta que no se puede intervenir de oficio en un proceso civil, donde está afectado un patrimonio privado, según la norma procesal vigente.

El equipo de trabajo, además, está estudiando varias posibilidades para encarar como estrategia en las acciones a tomar, entre ellas el artículo 38 de la Constitución Nacional   que reconoce el derecho a la defensa de los intereses difusos y la protección al consumidor, que podría permitir una acción colectiva, intentando una nulidad. Esto al considerar que hasta el momento se han identificado unas tres casuísticas diferentes o tipos de estafas con los pagarés: pagarés que se ejecutan más de una vez, otros donde las notificaciones nunca se realizaron, y la falsificación de firmas; además hay otros casos de expedientes que no existen en físico, no se evidencian la existencia de esos expedientes.

Por otro lado, también se toma en cuenta la cuestión de competencia territorial, es decir si son todos de capital o si hay juzgados también en otras jurisdicciones del país.

En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos humanos en el ámbito judicial, ambas autoridades reafirman el compromiso de sus instituciones con la articulación interinstitucional, destacando la necesidad de priorizar la atención a las personas afectadas, garantizar el acceso a información clave del caso y promover una respuesta eficiente, integral y centrada en los derechos de las víctimas.