En el marco del compromiso fundamental que ejerce la Defensa Pública en la protección de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, este viernes 30 de abril se realizó el lanzamiento del Programa Fortalecimiento de la Asistencia Legal para Personas con Discapacidad en Salud Mental.

 El evento tuvo lugar en el Hospital Psiquiátrico de Asunción.

El objetivo del programa es promover la internalización, visibilización e implementación de buenas prácticas en la asistencia legal de personas con discapacidad en salud mental, garantizando el respeto de sus derechos humanos y su inclusión social. Los actores claves de este proyecto son la Oficina Técnica de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Derechos Humanos de la CSJ, la Dirección de Derechos Humanos de la Defensa Pública, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud Pública.

El proyecto tiene como actividades principales la capacitación de  defensores públicos, jueces y fiscales sobre derechos humanos y salud mental, protocolos como el desarrollo de guías prácticas para la asistencia legal inclusiva, campañas de sensibilización, difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad en salud mental y el monitoreo y evaluación, que se basa en la creación de un observatorio para evaluar el impacto del proyecto.

La apertura del evento se  inició con palabras de bienvenida del Director del Hospital Psiquiátrico, Dr. Hans Buggenthin, seguido del mensaje del Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel. La Defensora Pública del Fuero Civil, Carla Mazo, explicó acerca de la nueva normativa sobre salud mental. Y finalmente, el Director de la Dirección de Derechos Humanos de la Defensa Pública, Hugo Cesar Giménez, se refirió acerca del contexto del proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Legal para Personas con Discapacidad en Salud Mental.

Destacamos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional ratificado por Paraguay, establece la obligación de los Estados de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación.

Según datos del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura del año 2020, en el sistema penitenciario se estima que más del 40% de las personas recluidas presentan algún tipo de trastorno, por lo que este proyecto busca lograr mayor sensibilidad de los derechos de las personas con discapacidad en salud mental, protocolos estandarizados para la asistencia legal inclusiva y estadísticas actualizadas para la formulación de políticas pública.