La Comisión del Senado se encuentra analizando el proyecto de ley que presentó el defensor general Dr. Javier Dejesús Esquivel González, cuyo marco legal tiene como finalidad la anotación de los documentos obligacionales en un registro único, como parte de las acciones emprendidas contra la denominada “mafia de los pagarés”.

El proyecto de ley mencionado que fue presentado el viernes 2 de mayo, está denominado “Creación de un Registro Nacional de Créditos y de la Oficina de Registro de Créditos dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos”, en el que se pretende la anotación de los documentos obligacionales (cheques, pagarés), que tiene como finalidad contrarrestar a lo que se denomina de forma mediática “mafia de los pagarés”.

Exposición de motivos del proyecto de ley

Según lo que se plantea en el proyecto de ley, se hace mención al otorgamiento masivo de créditos por parte de entidades del sistema financiero y no financiero —incluyendo bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito y particulares, que actúan de forma habitual, lo que ha generado una elevada circulación de títulos ejecutivos como pagarés, cheques y documentos equivalentes.

No obstante, la falta de un registro público, centralizado y obligatorio de tales instrumentos, ha dado lugar a prácticas abusivas, afectando la integridad del sistema de justicia, erosionando la confianza en los mecanismos de cobro judicial, y exponiendo a numerosos ciudadanos a procesos ejecutivos basados en documentos de dudosa autenticidad o sin respaldo documental.

También se argumenta –en la exposición de motivos- que casos revelados por medios de comunicación y procesos judiciales en curso han evidenciado la existencia de verdaderas redes de falsificación, manipulación documental y abuso del proceso de ejecución, lo cual obliga a adoptar medidas procesales eficaces que prevengan la reiteración de estos hechos y reparen sus consecuencias.

Es por ello, –continúa- resulta imprescindible promover herramientas normativas que garanticen la seguridad jurídica, la transparencia en las relaciones crediticias y la protección efectiva de los derechos de las partes intervinientes en actos jurídicos de contenido patrimonial.

En ese marco, la creación del Registro Nacional de Crédito y de la correspondiente Oficina de Registro de Créditos bajo la órbita de la Dirección General de los Registros Públicos, responde a la necesidad de establecer un sistema transparente, confiable y accesible para el registro de los documentos que respaldan créditos, contribuyendo a:

• Garantizar la oponibilidad de los documentos frente a terceros;
• Evitar la circulación simultánea o múltiple de títulos;
• Prevenir la ejecución de obligaciones inexistentes o viciadas;
• Proteger a los ciudadanos frente a prácticas usurarias, simuladas o fraudulentas;
• Reforzar la trazabilidad, autenticidad y legalidad de los instrumentos crediticios.

En el mismo sentido, se sostiene que la implementación del Registro Nacional de Crédito permitirá además una mejor coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y otras instituciones del Estado, para la obtención de una justicia más ágil, transparente y equitativa.

Otras disposiciones implementadas para enfrentar a la “mafia de los pagarés”

De igual manera, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), por medio de su titular, ya instruyó anteriormente a los defensores públicos de todo el país, y de forma conjunta con la Defensoría del Pueblo, para tomar acciones legales procediendo inicialmente a solicitar a varias instituciones del Estado, el listado de funcionarios públicos dependientes de las instituciones a su cargo, cuyos salarios se hallaren gravados por embargos trabados en el marco de juicios ejecutivos promovidos en contra de ellos.

De igual manera, el MDP dispuso la creación de un turno paralelo de defensores públicos que asisten directamente a las víctimas recurrentes; la atención en todas las unidades de defensorías públicas a nivel país, para ser coadyuvantes con los defensores públicos a fin de evitar el traslado a grandes distancias de parte de los afectados por la llamada “mafia de los pagarés”.

Otra de las medidas implementadas, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, fue la habilitación de dos líneas telefónicas para  agilizar la comunicación de los usuarios víctimas de las ejecuciones que serían irregulares e ilegales. Los números habilitados que serán atendidos por funcionarios de la Defensoría Adjunta Civil están a cargo de Leandro Rolón, 0971-744020 y Adán Fariña, 0981-553286.

Asimismo, la Defensoría Pública está impulsando acciones concretas en esfera jurisdiccional como planteamientos de nulidades procesales y medidas cautelares para  proteger los derechos de las víctimas frente a prácticas abusivas.

También, a través de las acciones coordinadas, en esta ocasión con el Congreso Nacional, se han registrado casi un centenar de casos relacionados con descuentos de salarios, afectando en la mayoría a trabajadores del sector público.

La Comisión de Investigación

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez firmó en abril pasado la resolución N° 2.574 para integrar la Comisión especial de carácter transitorio que se encargará de investigar la “mafia de los pagarés”, que tiene a miles de víctimas en todo el país, perpetrado supuestamente a través de cobros irregulares de documentos obligacionales.

Esta comisión está integrada por los senadores Rafael Filizzola (PDP), Mario Varela (ANR, HC), Carlos Núñez Agüero (ANR, HC), la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente), el senador Juan Eudes Afara (ANR, independiente), Lizarella Valiente (ANR, HC), Norma Aquino (ANR, HC), Édgar López (PLRA, aliado cartista).

Así también, por los senadores Ever Villalba (PLRA), Esperanza Martínez (FG), José Oviedo (Yo Creo) y el senador Ignacio Iramain (Independiente).